COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
La Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), expresa su preocupación por la gestión de conflictos al interior del “Centro Educativo Itauguá”, que derivó con el asesinato de dos adolescentes, y varios heridos, por lo cual:
– NOS SOLIDARIZAMOS con las familias de los adolescentes que resultaron víctimas fatales (FDRI y NJDR, ambos de 16 años) y con los heridos, ante los hechos acontecidos el día de ayer en el “centro educativo” de Itauguá, y REPUDIAMOS estos hechos de violencia y especialmente la pérdida de vidas humanas.
– RECORDAMOS que el Ministerio de Justicia, en representación del Estado Paraguayo, es garante de los derechos de las personas privadas de libertad y tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de los internos y para prevenir diligentemente situaciones de riesgo que, como en este caso, amenacen y violen gravemente los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, caso contrario es responsable de cualquier vulneración de derechos que sufran las personas que están bajo su tutela y protección.
– OBSERVAMOS con mucha preocupación que la situación actual del Centro Educativo Itauguá, caracterizada por el hacinamiento, la falta de infraestructura adecuada, de sanidad y acceso a cuidados médicos y psicológicos, la falta de personal idóneo y capacitado, así como la ausencia de supervisión judicial y de proyectos específicos destinados a la rehabilitación y reinserción de los internos, entre otras, constituyen factores determinantes en los hechos acontecidos ayer, y en otros que pudieran ocurrir a futuro.
– EXISTE desde el 2.004 una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que enfrenta el Estado Paraguayo en el caso “Instituto de Reeducación del Menor Panchito López”, por violar los derechos a la vida, a la integridad personal, al debido proceso y a la protección judicial de aproximadamente 4.000 jóvenes que pasaron por dicho lugar entre 1.996 y 2.001, en razón de que el Estado no adoptó medidas especiales de protección que está obligado a tomar a favor de adolescentes privados de su libertad, por lo que lamentamos nuevamente la pérdida de vidas paraguayas en instituciones del Estado.
– REITERAMOS que la privación de libertad de adolescentes constituye una medida de último recurso que en caso de ser necesaria debe imponerse por el tiempo más breve que proceda. Además, debe estar encaminada de manera integral a permitir la resocialización del adolescente. En ese sentido, la posición especial de garante frente a adolescentes privados de libertad implica la adopción de medidas especiales para lograr tal finalidad y debe ser asumida por el Estado con particular cuidado y responsabilidad, tomando en consideración el principio del interés superior del niño.
– URGIMOS al Ministerio de Justicia que en cumplimiento de su deber de garantía, arbitre las medidas necesarias tendientes a prevenir con mayor intensidad situaciones de riesgo que pudieran conducir a la violación de derechos de adolescentes privados de libertad y que se encuentran bajo su protección.
– EXIGIMOS a los tres Poderes del Estado que los hechos acontecidos sean investigados con la debida diligencia y que los responsables sean sancionados, sin discriminación de que estos sean funcionarios administrativos o autoridades políticas, que por acción u omisión tuvieron responsabilidad en el lamentable acontecimiento ocurrido. Estas investigaciones deben estar orientadas, además, a la identificación de las causas de los hechos de violencia y la búsqueda de respuesta efectivas para evitar su repetición y buscar una solución de fondo al problema estructural que padece el Sistema Penal Juvenil en el Paraguay.
Consejo Directivo
CDIA
Contactos:
Dirección Ejecutiva CDIA – Raquel Fernández (0981 481 960)
Consejo Directivo CDIA – Soledad Cáceres (0981 219 943)
Asunción, 22 de abril de 2014
