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30 de Enero de 2012

Rosa María Ortiz es nombrada Relatora sobre Derechos de Niñez y Adolescencia para la CIDH

 

27 de enero de 2012

 

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró una reunión de trabajo el 26 y 27 de enero de 2012, en la cual fueron distribuidas las Relatorías Temáticas y de País. La Comisión está integrada por Dinah Shelton, Presidenta; José de Jesús Orozco Henríquez, Vice-Presidente Primero; Rodrigo Escobar Gil, Vice-Presidente Segundo; Felipe González, y por tres Comisionadas que asumieron funciones el 1 de enero de 2012: Rose-Marie Belle Antoine, Rosa María Ortiz y Tracy Robinson.

La siguiente es la nueva distribución de las Relatorías:

Comisionada Dinah Shelton, Presidenta de la CIDH: Relatora para Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Ecuador, Grenada, Guatemala, Guyana, Jamaica, San Kitts y Nevis, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, Suriname y Trinidad y Tobago y Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez, Vice Presidente Primero de la CIDH: Relator para Colombia, Panamá y Perú, y Relator sobre los Derechos de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos.

Comisionado Rodrigo Escobar Gil, Vice Presidente Segundo de la CIDH: Relator para Argentina, Bolivia y México, y Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad.

Comisionada Rose-Marie Belle Antoine: Relatora para Canadá, Chile, Nicaragua y Paraguay, y Relatora sobre los Derechos de las Personas Afro-descendientes.

Comisionado Felipe González: Relator para Brasil, Costa Rica, Cuba, y Venezuela, y Relator sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias.

Comisionada Rosa María Ortiz: Relatora para El Salvador, Haití y República Dominicana, y Relatora sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Comisionada Tracy Robinson: Relatora para Honduras, Estados Unidos y Uruguay, y Relatora sobre los Derechos de las Mujeres.

Dinah Shelton es ciudadana de Estados Unidos. Fue elegida en el 39º período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA en junio de 2009 por el período reglamentario de cuatro años, contados a partir del 1º de enero de 2010. La Comisionada Shelton es la Profesora Manatt/Ahn de Derecho Internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington. Anteriormente, fue Profesora de Derecho en la Universidad de Notre Dame. También fue Profesora Visitante en varias universidades de Estados Unidos y Francia. Asimismo, dirigió la Oficina de Abogados del Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos y fue Directora de Estudios del Instituto Internacional de Derechos Humanos. Estudió derecho en la Universidad de California, Berkeley, y en la Universidad de Edinburgh, Escocia. Ha sido consultora de derecho internacional para la OMS, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la FAO, y el Instituto de la ONU para el Entrenamiento y la Investigación, entre otros. Ha escrito, co-redactado o editado 19 libros y es autora de docenas de artículos y de capítulos de libros sobre derechos humanos y derecho internacional.

El Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez es ciudadano de México. Fue elegido en la 39º Asamblea General de la OEA en junio de 2009 por el período reglamentario de cuatro años, contados a partir del 1º de enero de 2010. Es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en las áreas de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Función Judicial y Derecho Comparado, entre otras. Anteriormente, fue magistrado de la máxima autoridad jurisdiccional electoral de México durante 16 años, primero en la Sala Central del Tribunal Federal Electoral y luego en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Es Doctor en Derecho con mención honorífica por la UNAM y Maestro en Derecho Comparado de la Universidad de California en Los Ángeles. Es autor o co-autor de ocho libros y coordinador o editor de otros 15, y ha escrito más de 100 artículos para revistas académicas.

El Comisionado Rodrigo Escobar Gil es ciudadano de Colombia. Fue elegido en la 39º Asamblea General de la OEA en junio de 2009 por el período reglamentario de cuatro años, contados a partir del 1º de enero de 2010. Fue magistrado de la Corte Constitucional de Colombia durante el período 2001-2009, y fue su Presidente entre febrero de 2007 y febrero de 2008. Fue Director General del Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, así como abogado consultor y apoderado judicial de distintas empresas privadas y entidades del Estado durante 16 años. También ha sido catedrático en Derecho Público en la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Sergio Arboleda, entre otras universidades de Colombia. Es miembro del Comité de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda y del Comité Preparatorio del Instituto de Derechos Humanos de la misma Universidad. Realizó sus estudios en Derecho en la Universidad Javeriana de Bogotá y un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Ha escrito tres libros y decenas de artículos académicos, y ha ofrecido seminarios y conferencias sobre derechos humanos y otros temas.

La Comisionada Rose-Marie Belle Antoine tiene doble ciudadanía, de Santa Lucía y Trinidad y Tobago. Fue elegida en la 41ª Asamblea General de la OEA en junio de 2010 por el período reglamentario de cuatro años, contados a partir del 1º de enero de 2012. Es abogada y Profesora de Derecho en la Universidad de West Indies, especializándose en derechos humanos, derecho financiero, derecho comparado, derecho administrativo, legislación relativa al servicio civil, derecho a la no discriminación y derecho laboral. Asimismo, ha dictado clases en el extranjero, incluyendo Estados Unidos. La comisionada Antoine cuenta con abundante experiencia como consultora internacional. Ha sido consejera legal principal para todos los gobiernos del Commonwealth del Caribe y para gobiernos fuera de la región, tales como el Reino Unido, Venezuela, Estados Unidos y Canadá, así como para varias organizaciones regionales e internacionales. Estas incluyen la Unión Europea, UNICEF, UNIFEM, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el BID, el Banco Mundial y la OEA, entre otras. Es autora premiada, habiendo escrito ocho libros y numerosos informes y artículos, así como proyectos de ley, sobre una amplia gama de temas, incluyendo discriminación, reforma constitucional, reforma del servicio público, justicia juvenil, asistencia legal mutua, derechos de las mujeres, salud, acoso sexual, tráfico humano, derecho laboral, libre movimiento de personas, VIH y derecho financiero, así como contra el tráfico de drogas y contra la corrupción. La Comisionada Antoine se graduó en derecho de la Universidad de West Indies y es académica Oxford del Commonwealth y académica Pegasus de Cambridge, con un doctorado de la Universidad de Oxford y un posgrado en derecho de la Universidad de Cambridge. Professor Antoine tiene dipomas y certificados en el derecho internacional de los derechos humanos del Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, Francia.

El Comisionado Felipe González es ciudadano de Chile. Fue elegido en la 37º Asamblea General de la OEA en 2007 por el período reglamentario de cuatro años, contados a partir del 1º de enero de 2008, y reelecto en 2010 para una segunda gestión, que se inició el 1º de enero de 2012. Fue Presidente de la CIDH en el año 2010. El Comisionado González es Profesor de Derecho Internacional de Derechos Humanos y Derecho Constitucional en la Universidad Diego Portales de Chile. Fue fundador y Director del Centro de Derechos Humanos en dicha universidad, donde dirigió entre 2002 y 2006 la preparación y publicación de un Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile. Asimismo, fue fundador y Coordinador de una Red Latinoamericana de Clínicas Jurídicas de Derechos Humanos. Posee una Maestría en Derecho de American University y una Maestría en Estudios Avanzados en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid. Es profesor en la Academia de Derechos Humanos y Derecho Humanitario en American University, y es profesor visitante en la Universidad Carlos III de Madrid. Anteriormente lo fue en la Universidad de Wisconsin, en la Universidad de Lund, en la Universidad de Deusto y en la Universidad de Alcalá de Henares. Además trabajó para el International Human Rights Law Group (actualmente Global Rights), primero en Washington, D.C. y posteriormente en Santiago de Chile.

La Comisionada Rosa María Ortiz es ciudadana de Paraguay. Fue elegida en la 41ª Asamblea General de la OEA en junio de 2010 por el período reglamentario de cuatro años, contados a partir del 1º de enero de 2012. Se graduó en comunicación social y es experta en los derechos de niños y niñas. Fue vice-presidenta del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y asesora de Derechos Humanos y Diversidad Cultural de la Secretaría Nacional de Cultura de la Presidencia de la República del Paraguay. Es fundadora y miembro de varias organizaciones de derechos humanos, como Decidamos, Global, Tekoha, Callescuela y Taller de Comunicación y Educación Popular. En 2003 recibió el premio Mujer Paraguaya de la Secretaría de la Mujer de la Presidencia de Paraguay, y en 2010 fue reconocida con el premio Peter Benenson para la Defensa de los Derechos Humanos, que le entregó la sección Paraguay de Amnistía Internacional. Durante la dictadura de Alfredo Stroessner, trabajó a través de una organización ecuménica a favor de los presos políticos del país. La Comisionada Ortiz ha ofrecido numerosas conferencias, impartido talleres y escrito artículos sobre los derechos de los niños y las niñas.

La Comisionada Tracy Robinson es ciudadana de Jamaica. Fue elegida en la 41ª Asamblea General de la OEA en junio de 2010 por el período reglamentario de cuatro años, contados a partir del 1º de enero de 2012. Es abogada y dicta clases de derecho en la Universidad de West Indies, Jamaica, donde dicta clases de derecho y género, derecho constitucional, y derechos humanos en el Commonwealth del Caribe. Ha sido consultora para organismos internacionales, tales como el Fondo de Naciones Unidas para las Mujeres y UNICEF, y ha asesorado de gobiernos del Caribe en temas relativos a legislación sobre temas de género y niñez, entre otros. La Comisionada Robinson ha sido editora de la revista de derecho del Caribe y ha escrito y publicado informes sobre diversos temas, tales como género, los derechos de las personas LGTBI, acoso sexual, derechos sexuales, el trabajo sexual y el derecho, y los derechos de los niños, entre otros temas. Se graduó en derecho en la Universidad de West Indies y tiene un posgrado en derecho de la Universidad de Yale, así como un título de grado en derecho civil de la Universidad de Oxford.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.

 

Fuente: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2012/008.asp

 

12 de Enero de 2012

Organizaciones coinciden en que retiro de marco rector implica gran retroceso

 

Varias de las organizaciones que participan del último informe de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) coinciden en señalar que el retiro del marco rector pedagógico de la educación integral de la sexualidad, decidido por el exministro de Educación, Luis Riart, constituye un gran retroceso en la lucha por la plena vigencia de los derechos humanos en nuestro país.

El análisis de coyuntura incluido en el informe, en el que participaron representantes de las organizaciones que integran la Codehupy, firmado por la facilitadora Line Bareiro, destaca que “El marco rector constituía el proyecto más importante de tolerancia y educación democrática en el Paraguay desde la apertura política. Fue construido en un amplio proceso consultivo y logró un alto nivel en su formulación”, pero, sin embargo, fue cuestionado por “las opciones o preferencias sexuales y sobre todo la teoría de género, a las que en forma constante los sectores fundamentalistas católicos de la sociedad paraguaya han llamado como ideología de género”.

En este sentido, las organizaciones cuestionan al Consejo Nacional de Educación y Cultura (Conec), que se pronunció en contra del marco rector señalando que “la educación de la sexualidad debe hacerse en el contexto real de las culturas, la situación socioeconómica y política del país, partiendo de lo que nos identifica como paraguayos y aspirando a los ideales compartidos por la ciudadanía, sin dejarnos presionar por corrientes y propuestas educativas foráneas, que no responden a los valores universales, a nuestras culturas ni a los fines y objetivos de la educación paraguaya”. “Resulta muy difícil pensar en avances en derechos humanos cuando el consejo que asesora la educación en el Paraguay democrático utiliza argumentos más propios de las pasadas dictaduras, que acusaba de ideología foránea toda idea con la que no concordaba”, aseguran las entidades.

Además, cuestionan el hecho de que el Conec haya afirmado que no son vinculantes los convenios y compromisos internacionales suscritos por el Estado paraguayo que se citan como argumento de apoyo, porque supuestamente no han sido ratificados por el Congreso Nacional. Algunos de esos instrumentos son la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), ratificada en 1986 por ley 1215; la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por ley 57/90; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, ratificada por ley 605/95; los Convenios de la OIT 182 y 156, ratificados por las leyes N° 1657/01 y 3338/07 respectivamente; el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por ley N° 4/92, entre otros. “El Conec no puede considerar como no vinculantes a instrumentos con plena vigencia en el Paraguay. Es muy difícil suponer que sea simplemente ignorancia lo que ha llevado al Conec a difundir que esos instrumentos sean no vinculantes”, resaltan.

Para Javier Chamorro y Heve Otero, del Observatorio de Políticas Públicas y Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), los argumentos de quienes están en contra del marco rector “se acercan más al fundamentalismo y a un enfoque religioso, que no debería influir en la enseñanza, que, por Constitución Nacional, debe ser laica y garantizar los derechos a recibir información sobre los derechos sexuales y reproductivos, que, por diversos tratados, están garantizados para niñas, niños y adolescentes en Paraguay”.

 

Conec desconoce trabajo realizado

Además de rechazar el marco rector pedagógico para la educación integral de la sexualidad, el Conec señaló al MEC que está elaborando “otro documento alternativo que recoja opinión sobre la política que debe orientar la educación de la sexualidad en el contexto de la educación integral de la persona”, con lo que desconoce el trabajo realizado desde 2007 por un comité gestor interinstitucional que realizó un proceso de consulta que incluyó a adolescentes, formadores de docentes, padres, madres y líderes religiosos. Esto fue resaltado en el artículo sobre derechos sexuales firmado por Mirta Moragas, de la Alianza Nacional de la Campaña por la Convención de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos.

“La resolución propone dejar todo como al principio e iniciar un proceso de elaboración de un documento orientador en el cual solo participará el MEC y se dejará de lado a otras instituciones estatales que tuvieron participación en la elaboración del marco rector, como el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, la Secretaría de la Mujer de y la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia”, advierte Moragas.

La autora menciona que en octubre de 2011 se realizó el diálogo entre el Estado y el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer (Cedaw), que expresó su preocupación por la suspensión de la aplicación del marco rector, “que había sido elaborado por el Ministerio de Educación de manera participativa con la colaboración de varias instituciones, con el fin de proporcionar una educación integral a niños y evitar las conductas de riesgo y los abusos que persisten en la sociedad”.

Finalmente, las organizaciones expresan cierta esperanza por las declaraciones del nuevo ministro de Educación, Víctor Ríos, quien, al asumir el cargo, criticó a los sectores que se oponen a la implementación del marco rector y que “sin conocer el proyecto, tratan de distorsionar el pensamiento de la ciudadanía”. Luego aseguró que la preocupación del MEC es “promover una educación sexual integral con bases científicas, en base a conceptos académicos y estamos dispuestos a discutir con toda la sociedad pero no a aceptar oscurantismos”.

 

Derecho a la educación

Sobre el mismo tema, en su artículo sobre la situación del derecho de la educación, Ramón Corvalán, del Servicio Paz y Justicia – Paraguay (Serpaj-Py), opina que la resolución ministerial por la cual se deja sin efecto el proceso de socialización del marco rector pedagógico para la educación integral de la sexualidad, así como la implementación que debería seguir luego de su revisión en el sistema educativo nacional, emitida el 21 de setiembre de 2011 por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), “constituye un gesto que pone en peligro la vigencia de una serie de principios, contenidos, fines y objetivos del derecho a la educación en general, y de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en particular”, y además “expresa más bien los perfiles de la moralidad pública de esta sociedad particularmente conservadora, antes que traducir el principio de progresividad del derecho”, de acuerdo al experto.

Corvalán menciona en su artículo un comunicado firmado por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) – Paraguay y la Articulación por el Cumplimiento de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Mujeres (ACDM), que señalan que con la decisión del MEC “las niñas, los niños y jóvenes ‘pierden la oportunidad de recibir, en escuelas y colegios una educación sexual integral científica que les permita evitar situaciones como la violencia, el abuso, la explotación, el embarazo no planificado’”, y además se evita que reciban aprendizajes para la prevención del VIH e infecciones de transmisión sexual, “así como romper con los prejuicios, mitos y temores que giran en torno a esta temática, ante la ausencia de información y del abordaje claro y procesual de éstos y otros temas”.

“La situación en que se encuentra el marco rector muestra el largo recorrido que aún falta para avanzar en una tarea clave de la educación con perspectiva de derecho”, apunta el autor.

Por su parte, Mirta Ruiz Díaz, de la fundación Vencer, en el artículo sobre discriminación hacia las personas que viven con VIH/Sida, indica que la falta de implementación del marco rector de educación sexual niega a la población adolescente y joven la posibilidad de informarse y prevenir el VIH, convirtiéndose esta situación “en una grave violación al derecho de información y educación”. 

 

 

 

Fuentes recomendadas

 

Javier Chamorro – CDIA.

Tel.: (595 21) 227 061.

 

Ramón Corvalán – Serpaj Py.

Tel.: (595 21) 481 333.

 

Mirta Ruiz Díaz – fundación Vencer.

Tel.: (595 21) 331 139.

 

Jesús Montero Tirado – Conec.

Tel.: (595 21) 226 341.

 

Redacción: Diego Brom

Edición: Marta Benítez

 

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